“Es del dominio público que la delincuencia organizada se sirve de diversos medios para obtener recursos disfrazados de licitud mediante el funcionamiento y operación de establecimientos que les provén dinero, mismo que es utilizado a su vez para seguir delinquiendo”, destacó el Gobernador. Según la iniciativa presentada, el establecimiento de estos giros incide de manera directa en una serie de problemas transversales en la sociedad tamaulipeca. Por un lado, el factor salud, al representar la ludopatía una enfermedad que prácticamente es de nula atención por parte de éste ramo, así como el daño al propio sector de bienestar. Por otro lado, el factor inseguridad interrelacionado con el lavado de dinero, pues la operación de casinos y centros de apuesta son un disfraz que utiliza la delincuencia para el ocultar dichos delitos. “La operación de estos centros contribuyen a la inseguridad, fomenta el incremento del área de influencia de la delincuencia organizada. Es por ello que se requiere de la implementación de acciones firmes y decididas para combatir frontalmente su proliferación”, consideró García Cabeza de Vaca. La iniciativa abona a los esfuerzos de armonizar y articular un verdadero andamiaje legal para constituir una eficaz política pública que tenga por objeto promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el estado. En la iniciativa, también se menciona que la existencia de los casinos, casas de apuestas, juegos de sorteos, “table dance”, provocan una afectación a las vocaciones de las zonas y regiones, así como a los usos de suelo correspondientes, en virtud de que se instalan en zonas no aptas para ello; con un grave impacto negativo en la planeación, orden del desarrollo urbano y de los asentamientos humanos. Por esta razón especificada, se propone reformar el artículo 134 de la Constitución Política del Estado y diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Urbano de Tamaulipas. La iniciativa señala que, si bien el funcionamiento de los casinos, casas de apuestas, salones de juego con apuestas, así como establecimientos similares, son competencia federal y se regulan por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la propuesta que se contempla no invade esa competencia, pues el control, vigilancia del uso de suelo, otorgamiento de permisos o licencias para construir, así como la elaboración de planes de desarrollo urbano y sus sanciones, corresponden originariamente a los Municipios y al Estado de conformidad con la Constitución General de la República.