En la actualidad, casi 9 de cada 10 llamadas al 9.1.1. son falsas o de broma, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el C4. Entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017, en el 9.1.1. se atendieron 3 millones 55 mil 522 llamadas de las cuales 2 millones 417 mil 787 fueron bromas (88%) y 13,945 son falsas (0.5%), señalan los indicadores de esas dependencias gubernamentales. La mayor cantidad de llamadas de broma y falsas ocurren en la región Zona Conurbada Sur (Altamira, Madero, Tampico), con 35.5 por ciento del total. Le siguen Matamoros (21.1%), Reynosa (18.7%), Nuevo Laredo (11.6%), Ciudad Victoria (10.9%) y Mante (2.2%) La iniciativa de reforma tiene como fin fortalecer el el buen uso del 9.1.1. pues ayuda a salvar vidas, prevenir actos de violencia familiar y atender emergencias de todo tipo. En llamadas reales, entre noviembre de 2016 a noviembre de 2017 se atendieron 186 mil 518 servicios de seguridad, 55 mil 955 de atención médica, 25 mil 447 de protección civil y 37 mil 248 de servicios públicos Más de 50 por ciento de las llamadas al 9.1.1. son para denunciar situaciones de violencia familiar (golpes, amenazas, discusiones fuertes, entre otras) Con la iniciativa de reforma se trata de disuadir conductas que entorpezcan la prevención y acción de la justicia, así como castigar a quienes hacen mal uso del servicio con penas corporales y sanciones económicas, las cuales se agravarían si las llamadas falsas o de bromas son para cometer otros actos delictivos. Por ende, de ser aprobada por el Legislativo Local, en el Código Penal se consideraría como delito el reporte de hechos falsos a los elementos de las Policías Estatal o Municipales, Bomberos, personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia o protección civil, que impida o cause un perjuicio o trastorno que afecten el buen funcionamiento de dichos sistemas. De igual manera, en la Ley de Protección Civil se consideraría como infracción solicitar los servicios de emergencia, policía, bomberos o de establecimientos médicos o asistenciales, públicos o privados, cuando no se requieran. Y también cuando se profieran voces, realizan actos o adoptan actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor o pánico colectivos.