Los veracruzanos reconocemos que la actuación del Gobierno Federal ha sido la correcta en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en ésta y en otras detenciones que se han presentado en los últimos meses, sin importar la filiación política de los acusados. Los priistas veracruzanos, así como toda la sociedad, agraviados por la conducta del ex Gobernador, ya expulsado de nuestro Partido, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la honestidad y la transparencia, como premisas indispensables en la actuación pública y privada de cualquier servidor. Ante estos hechos, el PRI de Veracruz se pronuncia por un nuevo comienzo, sin dejar de reconocer el daño y dolor causado a la sociedad, por las acciones de quienes han traicionado la confianza que implica el honor de gobernar. La justicia no puede ser selectiva, por eso confiamos en las autoridades federales. Nadie por encima de la ley, ni gobernantes ni gobernados. El peso de la ley debe aplicarse contra quienes dañaron a Veracruz. Por eso pedimos a las autoridades de procuración de justicia federal que actúen con prontitud, de acuerdo al avance de sus investigaciones. También demandamos que cada peso que se recupere o cada bien incautado tengan un procedimiento jurí dico claro y que su destino sea transparente, en beneficio del pueblo de Veracruz. El PRI no es tribunal, el Gobernador del Estado no es policía ni Fiscal, y el pueblo de Veracruz no debe ser manipulado ni engañado. Esta detención es la prueba fehaciente de que el Gobierno de la República procede con transparencia, apegado al estado de derecho, y que está comprometido con la justicia en Veracruz.