La corrupción implica el soborno, el fraude y otras formas de desviación de recursos públicos y también incluye el nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información y compra y venta de resoluciones judiciales entre otras muchas. ¿Cómo erradicar este mal que aqueja a la función pública? Indudablemente que el combate requiere que el gobierno predique con el ejemplo y cree políticas que inhiban estas conductas negativas. Así lo visualizó el presidente Enrique Peña Nieto, quien en un ejercicio histórico, incluyó a diversas instituciones académicas y a personajes de reconocido prestigio moral, en los trabajos para dar nacimiento a una política de Estado que combata frontalmente este mal. El PRI impulsó una reforma constitucional, que fue respaldada por todas las fuerzas políticas del país, y el 27 de mayo de 2015 surgió a la vida política de México, el Sistema Nacional Anticorrupción, que coordinará a órganos públicos de todos los órdenes de gobierno, y que incorporará la vigilancia de la actuación pública a través del Comité de Participación Ciudadana. Así, mediante Decreto número Sexagésima Tercera, 152 de fecha 5 de abril de 2017, este Poder Legislativo reformó la Constitución del Estado, a efecto de sentar las bases para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, este es, probablemente el acto legislativo de mayor trascendencia de esta Sexagésima Tercera Legislatura. por esta razón el Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, presenta Iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas compuesta por 45 artículos distribuidos en cuatro Títulos, y tres artículos transitorios. En el Título Primero denominado “DISPOSICIONES GENERALES”, establece los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción y los Principios que rigen el servicio público. El Título Segundo, determina las particularidades del objeto del Sistema, el Comité Coordinador Estatal, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva”, Asimismo regula la creación y funciones de la Secretaría Ejecutiva, compuesta por la Comisión Ejecutiva y el Secretario Técnico, como órganos de apoyo. En el Título Tercero se fijan las bases para que el Sistema Estatal se integre al Nacional. En el Título Cuarto; se determinan las bases para que el Secretario Ejecutivo del Sistema recopile e integre la información de los entes públicos obligados y que estos presenten su información en formato de datos abiertos, para que sean situados en la Plataforma Digital Nacional. Finalmente, en el Título Quinto; se fijan las directrices para la integración de informes de los entes públicos y la publicación de las recomendaciones no vinculantes que dirija a las autoridades.